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La ley 105-13 sobre la regulación salarial del Estado

Alfredo Cruz Polanco

Alfredo Cruz Polanco

El caso más reciente es el de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), que de acuerdo a la ley 10-04, es el órgano superior del control externo y de la fiscalización de los recursos públicos, cuyos Miembros titulares del Pleno, acaban de aumentarse los sueldos, con apenas un año en sus funciones, sin que existan razones ni méritos para ello

En nuestro país, algunos directores de organismos e instituciones públicas, que por el hecho de tener autonomía presupuestaria, creen que pueden auto pensionarse, adjudicarse sus prestaciones laborales y aumentarse sus sueldos de una manera antojadiza, sin tomar en cuenta la Ley 105-13, de regulación salarial del Estado, ni al Ministerio de Administración Pública (MAP), que es quien debe autorizar dichos aumentos.

La autonomía presupuestaria significa que una institución pública tiene facultad y libertad para manejar su presupuesto, sus finanzas y para tomar decisiones, sin depender del Poder Ejecutivo, en el desempeño de sus funciones, pero jamás para crear aumentos salariales o beneficios a los propios Miembros que la dirigen.

El caso más reciente es el de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), que de acuerdo a la ley 10-04, es el órgano superior del control externo y de la fiscalización de los recursos públicos, cuyos Miembros titulares del Pleno, acaban de aumentarse los sueldos, con apenas un año en sus funciones, sin que existan razones ni méritos para ello, en un momento en que la brecha entre el salario mínimo y el salario promedio es muy amplia.

Tal decisión es inoportuna, imprudente e irracional, pues viola la citada Ley 105-13 y el artículo 140 de la Constitución de la República, el cual establece que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

Como órgano rector de la fiscalización externa de los recursos públicos, la CCRD debe servir de modelo y ejemplo para las demás instituciones públicas, en el cumplimiento de la ley. Con ese proceder esta institución pierde legitimidad y calidad moral para poder exigir dicho cumplimiento.

Sobre este asunto ya existe un precedente. En el 2008, los Miembros del Pleno de ese entonces fueron enjuiciados y destituidos por el senado de la República por aumentarse el sueldo. Para un aumento salarial se debe contar con el aval del Ministerio de Administración Pública (MAP).

Si se continúa permitiendo que cada organismo o institución que goce de autonomía presupuestaria realice antojadizamente un aumento salarial sin coordinar con el MAP, estaríamos propiciando un caos y un desorden institucional.

Entre los argumentos utilizados por el Presidente de la CCRD para justificar dichos aumentos, figuran que los mismos se hicieron para evitar la fuga de técnicos y profesionales y estuvo basado en una resolución del Pleno anterior. En ese momento, esa resolución fue aprobada para corregir la inequidad salarial existente, creándose un tabulador para la administración salarial, fue una indexación por inflación, no un aumento salarial y la misma excluía a los Miembros del Pleno, por ser de libre remoción y nombramiento, contrario a lo ocurrido ahora.

El autor fue Miembro Titular del Pleno de la CCRD en el período 2010-2016, y aunque los salarios fueron revisados e indexados en varias oportunidades para los empleados de nivel medio hacia abajo, de acuerdo a los indicadores económicos de la época, considero que es oportuno aclarar que durante nuestra gestión, nunca fuimos favorecidos con un aumento salarial ni con el otorgamiento de bonos por incentivos.

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